Resumen: La cuestión que se suscita en la sentencia anotada es la relativa a determinar si se ha cumplido con el requisito del intento de mediación del art. 156 LRJS en relación con el art. 63 LRJS, y si se ha cumplido con la notificación del conflicto a la comisión paritaria del convenio colectivo aplicable. En el caso, la demanda rectora de autos tras causa de procedimiento de conflicto colectivo que fue estimado por la Sala de origen, dejando constancia de que la mediación previa se solicitó el 26/02/2020, y teniendo en cuenta que según el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 disposición adicional segunda apartado 3.b), la declaración del estado de alarma no suspendía el plazo procesal para la tramitación del procedimiento de conflicto colectivo, una vez transcurridos desde esta fecha treinta días computados en los términos del repetido art. 65.1, debió tenerse por cumplido el trámite de conformidad con lo establecido por el referido art. 65.2. Finalmente, señala que la ausencia de notificación del conflicto a la comisión paritaria del convenio colectivo aplicable no se puede alegar, por vez primera, en el trámite conclusiones del juicio oral. Se desestima en consecuencia el recurso deducido por la UTE Servicios Sociosanitarios Generales y Digamar Servicios.
Resumen: Confirma la sentencia apelada que estimó la demanda de reclamación contra la mercantil y absolvió a su administrador de las acciones de responsabilidad ejercitadas en la demanda. Respecto a la acción de responsabilidad por deudas sociales, recuerda que no es una responsabilidad por daño, sino un supuesto de responsabilidad por deuda ajena que se configura como una responsabilidad cuasi objetiva cuyo fundamento es el incumplimiento de los deberes legales que pesan sobre los administradores para promover la disolución de la sociedad o el concurso de acreedores cuando concurren los presupuestos legales y para su viabilidad no se requiere más que la prueba de los hechos presupuesto de su efectividad, en este caso, la falta de disolución de la sociedad por la concurrencia de las causas legales de disolución, pero solo responden de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, teniendo en cuenta que se establece una presunción iuris tantum por la que las obligaciones sociales reclamadas se presumen de fecha posterior a la causa legal de disolución, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior, y para ello se ha de estar al momento en que se contrajo la obligación con independencia de su vencimiento, sin que pueda promoverse la misma después de declarado el concurso, lo que no se da en este caso. Respecto a la acción individual, exige una actuación directa del administrador que genere un daño directo.
Resumen: La sentencia anotada, recaída en casación ordinaria, ha confirmado el fallo combatido desestimatorio de la demanda de conflicto colectivo por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, y en la que se cuestionaba la legalidad de las soluciones empresariales ofrecidas, tras la finalización del periodo de consultas sin acuerdo, para la recuperación del permiso retribuido establecido con carácter obligatorio y recuperable, por el art. 2 del RD 102020, para los días comprendidos entre el 30-3-20 y el 9-4-20. Razona al respecto que, tras la falta de acuerdo en el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, la empresa puede establecer, dentro de los limites previstos en la legislación vigente, las condiciones de dicha recuperación. Descarta al efecto la vulneración del derecho a la negociación colectiva, y la infracción del principio de jerarquía normativa, entre otros, pues la propuesta empresarial, respeta la jornada anual máxima prevista en los convenios y también respeta el descanso entre jornadas de doce horas así como el descanso semanal de día y medio, vistos los dos convenios colectivos aplicables en la empresa (Convenio del Grupo Tecnocom y el XVII Convenio Colectivo de Empresas de Consultoría y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública). En consecuencia, desestima los recursos de USO y CGT y declara la legalidad de las soluciones empresariales que dependen de la aceptación de cada trabajador.
